De esta manera es razonable pensar, que a la hora de desarrollar una respuesta que trate de resolver necesidades educativas sea necesaria una evaluación que represente el punto de partida para identificar aquellas situaciones que requieren algún tipo de intervención.

 

 Asumiendo que en la normativa actual se plantea que sólo las NEAE (necesidades específicas de apoyo educativo) sean las destinatarias de ese proceso de valoración mediante una evaluación psicopedagógica, resultaría útil delimitar y clarificar cuál es el objetivo fundamental sobre el que se articula todo este proceso de evaluación.

 

 

Sin embargo, el modelo de evaluación psicopedagógica adoptado en el Protocolo no deja de ser un mero estudio descriptivo del caso, en el que se ordena la información poniendo en relación variables de toda índole (datos biográficos, clínicos, escolares, estilo de aprendizaje…); organizándolas sí, pero sin llegar a un estudio funcional explicativo para incrementar el entendimiento de las causas de unas determinadas necesidades educativas para poder predecir e intervenir.

 

 

 

 

 La descripción de un conjunto de variables no tienen ningún valor causal y presenta un marcado carácter tautológico, con explicaciones basadas en el sentido común (formas de hablar): “lo que le pasa al alumno es que tiene poco autoestima”, “tiene dificultades en la lectura porque presenta un déficit de atención”; siendo simple morfología que siguen necesitando de una explicación para poder planificar una respuesta educativa coherente.